CRISIS DEL SINDICALISMO EN COLOMBIA

En muchos países los movimientos sindicalistas nacieron como proyecto de los distintos partidos comunistas,  pero el sindicalismo en Colombia  nació en siglo XIX como política del partido liberal. Sería Rafael Uribe Uribe quien, después de la guerra de los mil días, concebiría el liberalismo de izquierda inspirado por de ideas corporativistas y, de asistencia social y pública.

Rafael Uribe Uribe tuvo un cambio importante en su pensamiento cuando entró en contacto con los ideales del socialismo europeo y se pasó a considerar a sí mismo como un nacionalista, alejándose del modelo de Estado Liberal que sostenía el partido en los programas políticos por los que él había luchado.

Durante su  conferencia a cerca del “Socialismo de Estado”  en el teatro municipal plasmó las bases de lo que sería el derecho laboral,  el  cooperativismo y lo que en el futuro sería el sindicalismo colombiano: su defensa por el  derecho a que lo obreros tengan una vida más justa, la búsqueda por  el incremento salarial, una mejor educación para las masas proletarias y el  sindicalismo como un factor importante como fuerza ordenadora del querer de los obreros.

Sin embargo, en más de un siglo los ideales de Uribe se ven abrumados, por tres diferentes razones: 1) desde la década de los 80’s los grupos paramilitares buscan exterminar cualquier intento de organización sindical; 2) la legislación colombiana ha permitido la creación de otras formas de contratación que vulneran la estabilidad laboral de los trabajadores y; 3) los sindicatos se han inclinado hacia una postura cooperativista que no lucha por la reivindicación de los trabajadores.

Los Grupos Paramilitares & El Sindicalismo.

 La Organización Internacional del Trabajo existe desde 1919, siendo es el organismo más antiguo que hace parte de la ONU,  la cual vela por su respeto a escala global, al igual que el de otros derechos que también reconocen garantías laborales democráticas.  Debido a esto, la mayoría de los Estados Miembros de la ONU hacen partes de esta organización y  el Estado colombiano ha ratificado formalmente varios de sus convenios, incluidos los relativos a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Colombia como Estado social y democrático de derecho, estableció en su actual Constitución que los asalariados tienen derecho a organizarse en sindicatos, a la contratación colectiva y a la huelga: a organizarse y escoger sus voceros, para relacionarse con su patrón no de manera individual sino como grupo, y a la contratación colectiva,  para que los contratos laborales se negocien entre el patrón y el conjunto de los trabajadores.

Paradójicamente, este marco normativo favorable y la existencia de una serie de instituciones que directamente deberían velar por la protección efectiva de los derechos,  contrastan con una crisis humanitaria marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas colombianos. En Colombia la impunidad frente a la violación permanentemente los derechos humanos ha creado una dualidad entre sus leyes y la realidad social.

Estas afirmaciones se corroboran contundentemente con los reportes anuales de instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos como son CIOLS, HRW o  la misma ENS. Precisamente la  CIOLS, presentó un informe en el año ¿? que muestra como durante el periodo entre 1999 y 2005,  Colombia ha presentado el mayor índice de violaciones contra los derechos de los sindicalistas en el mundo: el 57% y el 88% en el total de asesinatos contra sindicalistas en todo el mundo, datos que ubican al país en la deshonrosa posición de ser el lugar más peligroso del mundo para la actividad sindical.

En la mayoría de ocasiones los victimarios de la persecución sindical han sido los grupos paramilitares. Estos grupos se conformaron como ejércitos personales de narcotraficantes y con el tiempo se han ido transformando de acuerdo al apoyo o rechazo institucional: en los ochenta se hacían llamar M.A.S, durante la primera mitad de la década de los noventas “las Convivir” y durante la última década se llaman “Paramilitares”

A pesar de que muchos paramilitares se acogieron a la ley de Justicia & Paz, en la mayoría de ocasiones no nombran a sus víctimas, tal vez debido a los a los olvidos que acompañan sus cuerpos.  Sin embargo, no es un hecho desconocido que entre los principales blancos de estos ejércitos son las organizaciones sindicales. Sería el mismo Carlos Castaño, antiguo líder de los paramilitares, quien en más de una ocasión mencionó que: "…Matamos a los sindicalistas porque interfieren con la gente trabajadora".”.

En la mayoría de las ocasiones las mismas empresas son las que señalan a los líderes sindicales para que sean estos mercenarios privados los que se encarguen de acallar las reivindicaciones de los trabajadores.  Así quedo rebelado por los testimonios de uno de los líderes militares de los paramilitares, Mancuso, quien menciona que las multinacionales bananeras que operaban en la región de Urabá, en el noroeste departamento de Antioquia, pagaban un centavo de dólar por cada caja de la fruta que exportaban. Se refiere a la multinacional Chiquita Brands, que  financió a estos grupos paramilitares pagando un centavo de dólar por cada caja de la fruta que exportaban; esta aceptaría  ante la justicia de Estados Unidos haber financiado a esos grupos que después fueron catalogados por el Departamento de Estado como grupos terroristas.

Estas políticas “empresariales” no son exclusivas del Urabá antioqueño, ni tampoco se reducen al homicida,  durante  la anterior década otros tipos de violación a los derechos humanos de los sindicalistas, como amenazas, y desplazamiento aumentado. Aunque las cifras de asesinatos siguen siendo elevadas, según las cifras del Ministerio de Protección Social, entre 2006 y 2011 se han asesinado a 205 sindicalistas, 118 de ellos docentes sindicalistas.

El actual gobierno,  se ha comprometido con un plan de protección de los derechos sindicales. Se fortalecerá la una unidad especial de la Fiscalía para delitos contra sindicalistas, fundada en el 2007,  ya que esta esta oficina únicamente a conseguido paupérrimamente solo seis sentencias condenatorias.

Nidia Hiddalid Garcia M